La prueba no revela una verdad pura, exterior y “salvaje”, se sitúa por el contrario en el cruce entre hechos y calificación jurídica. Esto sucede tanto en el ámbito del derecho privado como en el del derecho penal. El régimen de la prueba, construido doctrinalmente y puesto en práctica por el magistrado público produce efectos mayores en la defensa de los intereses y nuestra historia jurídica comienza, en este sentido como en otros, en la Edad Media. Es entonces que tiene lugar uno de los cambios más decisivos de la historia del derecho procesal: el del pasaje del proceso acusatorio -que requiere un demandante para iniciarse-, al proceso inquisitivo -en el que la fama de un hecho bastará para la introducción de la instancia-. Se pondrá así en manos del magistrado que realiza la inquisitio un poder susceptible de justificar el uso de la tortura en la búsqueda de una verdad que “se arranca” del cuerpo. El análisis histórico de las formas del proceso y la prueba revela, a la vez, diferentes prácticas y teorías de producción de verdad, y el ejercicio de lo que a fines del siglo Jean Bodin llamaba “el poder absoluto y perpetuo de una República, que los latinos llamaban majestatem“. Son interrogantes siempre vivos, y la historia no puede ser ignorada si se quiere entender el presente.